La Centralización Lleva a la Pobreza

El Austroliberal, Birmingham 4 de Junio de 2014, entrevista a Hanns-Hermman Hoppe, traducción de Jorge A. Soler Sanz.

El 24 y 25 de Mayo, Hans-Hermman Hoppe, profesor de economía en la Universidad de Nevada, Las Vegas, y miembro distinguido del Instituto Mises de Alabama, Auburn, visitó Antwerp, lugar éste donde dio una conferencia sobre el valor económico que aportan los pequeños estados.

Usted tiene bastante simpatía por los movimientos secesionistas que se dan por todo el mundo. ¿Por qué?

De acuerdo con la postura de lo políticamente correcto, una integración política mayor es algo bueno, mientras que la desintegración y la secesión es algo malo. Se dice, por ejemplo a través de los burócratas de la Unión Europea que se encuentran en Bruselas, que la prosperidad económica ha aumentado dramáticamente a partir de la unificación política. En realidad, sin embargo, la integración política (centralización) y la integración económica (mercado) constituyen dos fenómenos totalmente distintos. La integración política implica la expansión de los poderes impositivos y regulación del Estado. La integración económica constituye la extensión de la división del trabajo, las relaciones interpersonales y la participación de mercado. En general, cuanto más pequeño sea un país y sus mercados internos, tanto más probable será que éste apruebe un sistema de libre empresa.

Creo que un mundo que consista en varios miles de países, regiones dadas y cantones integrado por cientos de ciudades libres e independientes, tal y como ocurre con lugares tan fuera de lo común como Mónaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Hong Kong y Singapur, representaría un mundo de prosperidad económica y avance cultural sin parangón.

Uno de los países más prósperos económicamente hablando son los Estados Unidos de América, que es un gran país.

Si, de hecho no existe una relación directa entre el tamaño territorial y la prosperidad económica. Tanto Suiza como Albania son países pequeños, mientras que los EEUU y la antigua Unión Soviética son más bien grandes. Sin embargo, existe una relación indirecta e importante a destacar. La pequeñez contribuye a la moderación. En principio, todos los gobiernos son contra-productivos a la hora de cobrar impuestos y  regular la propiedad privada de sus propietarios y esos que reciben ingresos de mercado. Un gobierno pequeño, sin embargo, tiene muchos vecinos. Si éste tasara y regulara de forma clara más a sus propios ciudadanos que el resto de gobiernos vecinos, la gente acabará votando con los pies yéndose a otro sitio: ésta acabará trabajando y viviendo en otro lugar. Y para eso no hará falta que se vayan muy lejos.

Esta es la situación que tuvimos con la Europa Medieval cuando los Países Bajos, de los cuales Flandes formaba parte, constituían una confederación de varias provincias independientes.

Claro que si, y esto explica por qué la Flandes medieval era tan próspera. De forma contraria a lo que postula la ortodoxia política de los eurócratas de hoy día, fue precisamente el hecho de que Europa poseyera un poder tan descentralizado a partir de varias unidades políticas independientes lo que explica el origen del capitalismo (la expansión de la participación de mercado y el crecimiento económico) en el mundo moderno. El hecho de que la libertad y la prosperidad floreciera primero bajo estas condiciones de descentralización política no constituye ninguna sorpresa: las ciudades-estado del norte de Italia, el sur de Alemania y los Países Bajos secesionistas.

Normalmente se asume que una unidad política grande (en en última instancia, un único gobierno mundial) implica un mayor mercado y salud económica. Cuanto más grande sea el territorio tanto menor será el incentivo del gobierno para querer seguir con su liberalismo doméstico, pues ello reduce la capacidad del individuo de votar con los pies. A lo largo y ancho del período de unificación europea y mundial hemos sido testigos de un crecimiento constante y alarmante del poder expropiatorio del gobierno a través de los impuestos y la regulación del mercado. A la luz de la teoría económica, social e histórica es posible realizar una defensa a favor de la secesión.

En Bélgica hemos sido testigos de cómo durante los 175 años de la existencia del país las tensiones entre flamencos y valones han ido creciendo. Lo que solía constituir un conflicto lingüístico y cultural se ha vuelto ahora un conflicto socio-económico también.

Y eso es algo de lo más natural. La integración forzada siempre crea tensiones, odios y conflictos. Cuando se está en desacuerdo, la separación voluntaria lleva a la paz y la armonía. A través de la secesión las relaciones domésticas hegemónicas son reemplazadas por relaciones contractuales entre países que son mutuamente beneficiosas. En lugar de promover una nivelación de las distintas culturas hacia abajo, la secesión estimula un proceso cooperativo de selección cultural y avance. Esta es una lección de lo más importante, no sólo para Flandes y Europa, sino para todo el mundo.

El Principio de no Agresión y la Aporía del Vagón Desbocado

El Austroliberal, Birmingham 1 de Junio de 2014, por Jorge A. Soler Sanz

Epicuro: la justicia natural es un símbolo o expresión de la utilidad;

el prevenir que una persona dañe o sea dañada por otro.

La primera autora que expuso desde la Ética el problema lógico del vagón de tren[i] (fuera de control) fue Philipa Foot. Otros autores han introducido otras variantes de este problema (como las que veremos a continuación) y aportado distintas respuestas desde varias posturas utilitaristas, o la moral, pero en este artículo sólo estudiaremos el problema desde un enfoque racionalista y ético (de la argumentación).[ii] En su formulación  originaria Foot lo expone de la siguiente manera:

Supongamos que un juez o magistrado se vea encarado por un grupo de amotinados violentos que demandan que un determinado acusado sea declarado culpable bajo la amenaza de aniquilar a un cierto grupo de personas si no se cumplen sus demandas. Cómo no se sabe quién es el verdadero culpable, la única forma que tiene el juez de salir de semejante aporía es declarando culpable al primero que pase por la calle y determinando su ejecución. Junto a este ejemplo se presenta otro similar en el que un piloto cuyo avión está a punto de estrellarse tiene que tomar la decisión de dirigirlo o no hacia un área menos poblada. Para que la relación paralela sea lo más fidedigna posible, también se podría suponer en su lugar que éste es en verdad el conductor de un vagón de tren que se encuentra fuera de control y que sólo se puede desvíar desde una vía estrecha hacia otra; en una de las vías se encuentran trabajando cinco hombres mientras que en la otra se encuentra uno sólo. Cualquiera que se encuentre en alguna de estas dos vías morirá cuando pase el tren. En el caso de las revueltas los amotinados tienen cinco rehenes de tal forma que en ambos casos se supone que se tiene que decidir entre la vida de uno o las cinco restantes.[iii]

Así planteado el problema, la aporía surge porque, o bien no se hace nada y se deja morir a cinco personas, o bien se toma la decisión de tomar otro carril matando a uno para salvar al resto. Es decir, si el conductor del tren decide continuar su curso y no cambiar de carril los cinco trabajadores que se encuentran en la vía morirán, pero si éste cambia de curso, muere un inocente para salvar a los otros cinco. ¿Qué se debe hacer en tal coyuntura?

Digamos para ilustrar este ejemplo y subrayar la noción de "intencionalidad" que somos un matrimonio de judíos que se encuentran intentando cruzar la frontera con sus hijos durante la Alemania nazi y que somos detenidos en la aduana por las SS, la cual, nos presenta la siguiente disyuntiva: si escogéis a uno de vuestros cinco hijos y le ejecutáis delante de nosotros, os dejaremos huir con el resto a Suiza, pero si no tomáis ninguna decisión mataremos a todos vuestros hijos y os tendréis que marchar solos. En este caso, la disyuntiva es o bien matar a uno de nuestros hijos para que el resto pueda seguir vivo, o no tomar ninguna decisión dejándoles morir a todos.

Tanto en el caso del vagón de tren como en el de la familia judía que intenta cruzar la frontera, sólo se presentan dos posibles soluciones; o bien no hacer nada dejando morir a la mayoría, o bien hacer algo, lo que implica tener que matar a alguien para salvar al resto. El problema que se presenta aquí, por lo tanto, no consiste entre tener que eliminar cinco vidas para salvar a una o viceversa, sino en determinar la legitimidad ética de asesinar a alguien al objeto de evitar un mal mayor. El piloto del avión está aquí en mejor situación, pues al desviarse de su curso hacia áreas cada vez menos pobladas éste no estaría dirigiendo el avión contra nadie en particular pudiendo minimizar el riesgo para el conjunto de la población hasta el mismo momento del impacto, mientras que en los otros dos casos uno tiene que querer matar a alguien de forma consciente para salvar al resto, o no hacer nada y dejar que mueran todos (en el caso de los padres) o cinco (en el caso del tren). Es decir, que si el piloto del avión sobreviviera al impacto matando sólo a cinco, éste siempre podrá argumentar que su intención no fue la de matarles, pues de hecho su avión se encontraba de facto en curso de desvío (digamos hacia el extrarradio de la ciudad), mientras que en el caso del tren y la familia judía se tiene que querer matar a alguien para salvar al resto.

La solución frente a este tipo de aporías se presenta determinando quién cayó en desgracia en primer lugar y preguntándonos si nos es posible transferir esta desgracia de unos individuos a otros. El ejemplo de Block[iv] es especialmente significativo en este terreno. Aquí la disyuntiva se presenta entre elegir por nosotros mismos o la vida de un inocente que está siendo usado como escudo humano por un criminal que nos apunta con una pistola. ¿Sería legítimo en este caso disparar contra el criminal y correr el riego de matarle junto al escudo humano para salvarnos nosotros o dejar que aquel mismo nos mate? En este caso particular el primero que cayó en desgracia fue el escudo humano, y la pregunta que se plantea es si éste nos la puede transferir a nosotros al objeto de evitar su muerte a costa de la nuestra. Desde este enfoque, la solución al problema del tren pasa por no hacer nada, en el caso del escudo humano podemos actuar matando al inocente, mientras que en el caso de la familia judía nos resultaría legítimo matar para salvar al resto o no hacer nada (las dos soluciones son legítimas). Si partimos del caso de la familia de judíos, por ejemplo,  veremos que todos los hijos cayeron en desgracia, luego al seleccionar uno se estaría realizando un acto de caridad para socorrer al resto. Si partimos de la idea de que los padres no deben socorro a sus hijos, matar a uno de ellos para salvar al resto no es sino un acto de bondad por parte de los padres. Y como esto es así, no hacer nada también es posible, pues al dejar que mueran no estaríamos iniciando la violencia contra ninguno de ellos.

El lector tiene que darse cuenta de que hay una diferencia entre decir que:

1. Hemos secuestrado al conjunto de la población a la que mataremos si no se elige a alguien para que muera en su lugar y

2. Hemos secuestrado a cinco a miembros de esa población a los que mataremos si no se elige a alguien para que muera en su lugar

En 1. es la población entera la que ha caído en desgracia, mientras que en 2. sólo se trata de cinco personas. Esta sutil distinción hace que sea posible matar a uno para salvar al resto en 1 mientras que no es posible hacer lo mismo en 2 al no haber caído esa persona en desgracia junto al resto que se encuentra secuestrado. Si los padres no matan a uno de sus hijos, las SS lo harán por ellos, luego al pegar el padre o la madre el tiro no estarían añadiendo o restando nada. Y el no hacer nada, aunque incomprensible, también es legítimo al no deberle los padres ningún derecho de socorro a los hijos. Es decir, que el hijo ya se encontraba muerto desde antes de disparar los padres.

1. se asemeja al caso de la familia judía en el hecho de que todos los hijos hayan caído en desgracia. Supongamos que nos hallamos en el contexto de la cultura primitiva maya y los sacrificios humanos. En este contexto son un grupo de sacerdotes los que amenazan al conjunto de la población con entregar periódicamente a una de sus ciudadana vírgenes para ser sacrificada (a cuchillo) frente a los dioses o, de lo contrario, es la población entera la que muere. En este caso también sería legítimo que, por ejemplo, se estableciera un sistema de sorteo para determinar quién debe morir primero, pues ya se encuentran todos ellos muertos.

Siguiendo en esta línea, supongamos para el caso que durante la estancia de Neil Armstrong en la luna, un grupo de extraterrestres desalmados (digamos Darth Vader y sus secuaces imperialistas) nos comunican la siguiente amenaza: hemos dirigido el rayo laser de la estrella de la muerte contra la tierra; o bien matáis a Neil Armstrong y os salváis todos, o bien morís todos y nos llevamos a Neil Armstrong a vivir con nosotros a nuestro planeta. ¿Qué se debe hacer en este caso? Una cosa que podemos hacer es preguntarle a Neil Armstrong si quiere inmolarse para salvar a la humanidad entera, pero lo que no podemos hacer es tomar una decisión por él mismo. Este tipo de aporías surgen precisamente, no por un problema lógico o praxeológico, sino porque a la hora de aportar soluciones se quiere adoptar una postura moral o utilitaria. Es desde estos paradigmas que las posibles soluciones parecen contradecir ciertos supuestos, pero si se abandonan los supuestos de que parten este tipo de enfoques la respuesta es obvia. Sólo nos sería legítimo matar a Neil Armstrong en el caso de que los extraterrestres no prometieran llevársele con ellos y su muerte, al no tener ningún lugar al que regresar tras la destrucción de la tierra, sólo fuera una cuestión de tiempo. Nadie tiene en verdad derecho a transmitir su desgracia al resto sin consulta previa; e iniciar la violencia contra alguien es erróneo en todos los casos.

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[i] Philippa Foot, The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect in Virtues and Vices (Oxford: Basil Blackwell, 1978).

[ii]  Para aquellos interesado en estudiar tales posturas véase: Judith Jarvis Thomson, Killing, Letting Die, and the Trolley Problem, 59 The Monist 204-17 (1976); Judith Jarvis Thomson, The Trolley Problem, 94 Yale Law Journal 1395-1415 (1985); Peter Unger, Living High and Letting Die (Oxford: Oxford University Press, 1996); Francis Myrna Kamm, Harming Some to Save Others, 57 Philosophical Studies 227-60 (1989).

[iii] Ibid.

[iv] Walter Block, The Human Body Shield,  Journal of Libertarian Studies, 22:625-630 (2011)

Hakeando la Ley y el Gobierno en Ciudades Incipientes.

Hakeando la Ley y el Gobierno en Ciudades Incipientes. O Sobre cómo la Innovación Puede Solucionar Nuestro Árbol Tecnológico Social.

Por Zachary Caceres, Traducción de Jorge A. Soler Sanz.

En las afueras de Estocolmo, son los vándalos y las enredaderas los que reinan sobre las grandes factorías ya marchitas de la Eastman Kodak. Se trata de edificios fríos asentados en cáscaras de hierro y vencidos por la naturaleza y el paso inexorable del tiempo. Los muros se encuentran recubiertos de coloridas pinturas (que en ocasiones rozan la vulgaridad) hechas con espray. En palabras de un artista de grafiti: se trata de un "momento Kodak."

Tras su fundación en 1888, la Eastman Kodak se convirtió en la incontestable ganadora frente a sus competidores en el ámbito de la fotografía durante casi más de 100 años. Pero a principios del 2012, la misma compañía que una vez tuvo un valor capital de treinta mil millones de dólares y que daba trabajo a unos ciento cuarenta mil empleados, presentó la bancarrota.

Kodak fue víctima de la innovación-un proceso que el economista Joseph Schumpeter ya caracterizaba como "esos vendavales de destrucción creativa." Kodak sólo podía dominar el mercado en la medida en que no existiera una alternativa mejor y más estable en el mercado. Una vez esa alternativa fue creada (la fotografía digital), ello trajo con sí la firma de muerte para la empresa. El gigante de las cámaras de fotos comenzó a perder cuotas de mercado frente a empresas como Sony o Nikon hasta llegar a una situación donde, de pronto, "todo el mundo" necesitaba una cámara digital y Kodak sólo se veía en shows de antiguallas.

¿Cómo pasó esto? Christian Sandstrom, un tecnólogo del Instituto Ratio de Suecia, mantiene que las mejores innovaciones siguen un camino parejo.

From Fringe Markets to Mainstream

Las tecnologías disruptivas siempre surgen en "mercados alternativos," y normalmente se presentan como de menor calidad en prácticamente todos los sentidos. Las primeras cámaras digitales eras aparatosas, caras, pesadas y sólo conseguían hacer fotos de baja calidad. Sin embargo, toda innovación posee una ventaja frente a la tecnología dominante: en el caso de la cámara digital se trata del hecho de no necesitar film. Esta ventaja permite que la innovación satisfaga la demanda en determinados paquetes aislados del mercado. Lo normal es que una empresa dominante como Kodak obvie los pequeños nichos de demanda que se crean entre los primeros usuarios que comienzan a usar esa tecnología, y ello, por su posición dominante en el mercado.

Y, sin embargo, la nueva tecnología rara vez se queda aislada en los confines de los mercados alternativos. Al final, el funcionamiento de la misma empieza a mejorar y, de repente, comienza a rivalizar frente a la tecnología dominante. Las cámaras digitales, que permitían olvidarse del fastidio de tener que contar con film, con el tiempo, lograron resoluciones de pantalla incluso mejores que la cámara tradicional, simplificar su uso y reducir el precio. Kodak tanteo y trató de entrar en el mercado de la fotografía digital, pero ya fue demasiado tarde. La innovación barre todos los mercados y la firma dominante se hunde bajo las olas del cambio tecnológico.

Las innovaciones de tipo disruptivo hacen del mundo un lugar mejor desafiando monopolios como el de Kodak. Ésta sacude casi todos los mercados con excepción de uno: la ley y el gobierno.

Social Technology

El derecho británico de tradición oral, la democracia parlamentaria, el patrón oro: se nos haría extraño llamar a estas cosas "tecnologías." Pero W. Brian Arthur, un economista del Instituto de Santa Fe y autor de The Nature of Technology, sugiere que lo son. "Las organizaciones empresariales, los sistemas legales, los sistemas monetarios y los contratros...," escribre éste, "...poseen las mismas características que la tecnología,"

La tecnología hace uso de determinados fenómenos con un fin. Aunque pudiera pensarse que la tecnología debería dedicarse sólo a lo físico, como los electrones y las ondas de radio, la ley y el gobierno hacen uso de fenómenos sociales en su lugar. Es así que no sería descabellado decir que la tradición oral del derecho británico, o sus instituciones parlamentarias, constituyen "tecnologías sociales."

Hablar de innovación en "tecnología social" podría parecer algo inverosímil. Pero la gente también consideraba un día que el control que Kodak ejercía sobre el mercado de la fotografía era un dado (en algunos países "cámara de fotos" se dice "Kodak"). Sin embargo, tras el surgimiento de esta disrupción innovadora, ya nos parece que Kodak queda como algo obsoleto y que el cambio fue para mejor. Nuestros sistemas legales y políticos, entendidos como tecnologías, están tan abiertos a cambios de tipo disruptivo como cualquier otra. Como el ritmo de innovación en lo tocante a la ley y el gobierno es tan lento, lo normal es que tomemos nuestros aparatos tecnológicos sociales como algo que ya nos es dado y no resulta tan fácil de socavar a través de este tipo de disrupciones innovadoras.

Para poder entender la forma en que uno podría crear innovaciones disruptivas en el ámbito de la ley y el gobierno, primero necesitamos encontrar, tal y como Nikon hizo con Kodak, un área donde las tecnologías dominantes pudieran ser mejoradas.

Where Today´s Social Markets Fail

Existe una cantidad incontable de servicios que los actuales sistemas de ley y gobierno no son capaces de proveer en el mercado por todo el mundo. En muchos países en vías de desarrollo, la mayoría de la población habita en los márgenes de la ley.

Existe la dificultad de registrar determinados negocios. Lo normal es que los tribunales no reconozcan tales contratos. Muchos no pueden obtener permisos para construir una casa. Otros viven en el peligro y miedo constante debido a la imposibilidad de que tales sistemas de gobiernos fallen a la hora de otorgar los servicios de seguridad y orden público más básicos. La habilidad de empezar un negocio, construir una casa, ir al colegio, vivir en una comunidad libre de peligros-todas estas "funciones" de la tecnología social simplemente no están disponibles mara millones de personas.

Estos fallos de la tecnología social crean bastante pobreza y violencia. Los negocios que tienen éxito lo logran sirviendo a los intereses del poderoso, encontrándose así protegidos frente a la competición por decreto. Las redes de cooperación necesarias para el crecimiento económico no pueden formarse en entornos tan restrictivos. La falta de herramientas legales que lo permitan hace que los pobres carezcan de la capacidad para volverse emprendedores. Esto hace que los mayores inútiles puedan reinar sin rival en estos ámbitos.

Este es nuestro mercado paralelo.

Si pudiéramos encontrar una manera mejor de proveer alguno de estos servicios (incluso si no fuéramos capaces de realizar todas las funciones mejor que nuestro actual sistema político), podríamos encontrarnos en una posición similar a la de Nikon antes del colapso de Kodak. Desde esta posición, podríamos expandirnos y crecer hacia algo mucho más grande.

Hackeando la Ley y el Gobierno en Ciudades Incipientes.

Un movimiento creciente que se está dando por todo el mundo para construir comunidades nuevas nos ofrece una manera de piratear nuestra tecnología social actual. La nación anfitriona crea multitud de pequeñas jurisdicciones con gobiernos y sistemas legales independientes. Los ciudadanos son libres de ir de un lugar para otro y vivir en el ámbito jurisdiccional de su elección. Como cualquier tecnología nueva, estas ciudades de nuevo arranque compiten entre sí para proporcionar funciones nuevas y mejores-en este caso, proveer a los ciudadanos con los servicios y bienes que estos desean.

Una de estas zonas podría albergar a una de estas nuevas ciudades que sea pionera en algún tipo de ley sobre el medioambiente, ley o política que difiera con el resto. Otras, sin embargo, podrían ofrecer normativas medioambientales al gusto del consumidor financiero o universitario. Y otras también podrían tratar de introducir nuevos modelos de financiación de los servicios sociales.

Este tipo de ciudades incipientes constituyen poderosas alternativas frente a las arriesgadas e improbables políticas de cambio o reforma social. Las ciudades de nuevo arranque representan prototipos tecnológicos sociales nuevos. Y esos sistemas que cumplan las expectativas y sean provechosos podrán ser integrados en los sistemas nacionales.

Pero si las nuevas tecnología sociales llevan una zona al fracaso, tales modelos no se implementarían en toda la nación poniendo así en riesgo a la forma de vida de la comunidad en su conjunto. La gente puede abandonar estas ciudades incipientes en cualquier momento-poniendo así a todo el proyecto, de forma efectiva, "en bancarrota." Si una nación escoge el uso de capital privado para crear una nueva infraestructura o servicio, se protege a los contribuyentes ante el atascamiento implícito por tener que pagar por el costo motivado derivado de las malas decisiones de otra persona. Las ciudades de tipo incipiente también mejoran la voz democrática de sus ciudadanos al darles la oportunidad de abandonarlas en cualquier momento.

Mirando a nuestro mercado paralelo, una ciudad incipiente que se encuentre en una nación en vías de desarrollo podrían ofrecer la incorporación de leyes simplificadas y juzgados creíbles a los ciudadanos más pobres que quieran emprender alguna empresa. Otros proyectos podrían dedicarse a construir lugares seguros para vivir y el comercio a través de un sistema de seguridad y reforma policial. En realidad, muchas de estas funciones podrían (y deberían) combinarse de forma singular en un sólo proyecto en cada una de estas ciudades de tipo incipiente.  

De la misma forma en que las tecnologías buenas de tipo incipiente, este tipo de ciudades serían pequeñas y ágiles al principio. Pero en la medida en que la gente tenga libertad para entrar y salir, este tipo de ciudades crecerán y mejorarán con el tiempo. Lo que empieza como algo pequeño y sin mayores glorias en uno de estos mercados aislados, puede resolverse en una idea que podría florecer como paradigma del cambio social.

Varios países ya se encuentran desarrollando este tipo de ciudades incipientes, y muchos otros se encuentran considerando su posibilidad. Los primeros estadios de este movimiento serán con toda seguridad tan poco susceptibles de impresionar a nadie como la aparatosidad y aspecto ridículo de las primeras cámaras digitales. Las ciudades preocupadas por el largo plazo invertirán de forma sabía al objeto de desarrollar sus propias tecnologías sociales disruptivas a través de distintos proyectos pioneros. Lo más probable es que otras naciones-las más ricas y establecidas-ignoren estas reformas que toman lugar en estos "mercados aislados" por todo el mundo. Y ello podría hacer que éstas acaben como Kodak-vencidas por mejores competidores en posesión de mejores tecnologías sociales desarrolladas en países pobres y desesperados.

El pirata tecnológico social explora las limitaciones de los sistemas sociales al uso para crear algo nuevo. En un sentido, toda innovación disruptiva es pirata por naturaleza al habitar ésta en mercados aislados y paralelos-o en los entresijos del sistema imperante. Su futuro no está haciendo más que empezar, pero aquí sólo hace falta recordar la suerte de Kodak-el monopolio monolítico e imparable-para descubrir un mundo de posibilidades.

Esos interesados en aprender más sobre el movimiento desarrollado en torno a las ciudades de nuevo arranque puede visitar startupcities.org o contactar starupcities@ufm.edu.

La Financiación Privada del Ejército

El Austroliberal, Birmingham 1 de Mayo de 2014, por Jorge A. Soler Sanz

La idea de que uno sólo puede defenderse de la agresión militar externa disponiendo de fondos ilimitados es del todo irracional y fuertemente hipotética. Mientras que la iniciación de la violencia si parece requerir de fondos infinitos, la estructuración de la defensa sólo requiere de fondos suficientes, en tiempos de paz, y necesarios, en tiempos de guerra. Los argumentos encaminados a señalar que habría un subóptimo de consumo en caso de que la financiación del ejército fuera privada se olvidan del hecho de que el proceso de guerra afecta también al mecanismo de precios, el crédito y los procesos de mercado en general. El argumento a favor de la financiación privada de del ejército es uno racional de consumo que dispone de flujos de capital variable en tiempos de paz pero constante en tiempos de guerra. Cuando el peligro de agresión es inminente, el modelo predice procesos inflacionarios en la industria armamentística y la subida general de los precios debido al mayor gasto. En tiempos de paz, sin embargo, la tendencia sería más bien deflacionaria, lo que por turno nos permite en esta situación destinar esos fondos ociosos a la financiación de otros proyectos imposibles de financiar en tiempos de guerra. Esto, por su parte, libera también el mercado a las familias menos pudientes que podrán comprar seguridad o armamento a precios reducidos.

La propuesta o modelo social que propone el anarquismo racionalista y de libre mercado ha sido generalmente malinterpretada, pues este enfoque no prescinde de la función de gobierno, tal y como se hace pensar, sino sólo de la función de estado (por su carácter no normativo y convencional). En una sociedad donde los tres poderes, que de forma tradicional han estado concentrados en manos del estado a través de las instituciones de gobierno, justicia y parlamentarias, se hallan convenientemente separados, resulta extremadamente difícil de someter por medios militares precisamente por el tipo de vacío constitucional que el modelo deja tras de sí. En una sociedad donde el individuo posee la capacidad legislativa, que emana directamente de sus derechos de propiedad, el gobierno dispone de la judicial (en su capacidad mediadora y de arbitraje) y las aseguradoras del poder ejecutivo (enforcement), no existe institución alguna que permita la concentración del poder político del agresor tras su ocupación inicial. Que existe este vacío constitucional implica que, para un agresor formado en el gasto público, incluso si tuviera algún éxito inicial en sus operaciones militares, no podría sin embargo someter a una sociedad así estructurada más que través de una guerra constante de sangrado contra sus propios ciudadanos por medio de los impuestos.

Si la sociedad actual es capaz de defenderse bien por medio del gasto público, lo que implica externalizar costes, ésta podrá hacer lo mismo de forma mucho más eficiente a través de aseguradoras privadas que sólo destinarán fondos a la compra de material armamentístico y el mantenimiento de fuerzas operativas de combate en función de la demanda social que exista para tales servicios. Además, como sólo los individuos tienen el poder de legislar, la mejor entidad para representar sus intereses son precisamente las aseguradoras (que en este esquema representan el aparato ejecutivo de la ley). Primero porque pueden pedir reparaciones en caso de agresión o incumplimiento, y esto promueve una situación de "enforcement" donde se acatan las leyes para no incurrir en gastos. En segundo lugar porque el gasto público introduce el incentivo perverso de externalizar la agresión en el contribuyente, lo que, por turno, atenta contra el derecho de propiedad de los mismos. Es decir, que el gasto público abarata la agresión al obligar al contribuyente a pagar por los costes externos a los que se incurre para poder iniciarla. Las aseguradoras, en este sentido, en tanto que brazo ejecutivo de la ley, y al depender de un capital privado, habrían de introducir un efecto calmante en la población en su conjunto que, no cabe duda, habrá de querer reducir gastos superfluos debido al alto coste de la guerra. O expresado de otro modo, que la financiación privada del ejército no recorta capital a los intereses de defensa de una sociedad, sino sólo a sus intereses expansionistas.

Además, una sociedad que tiene concentrados los tres poderes en una sola institución (legislativo, ejecutivo y judicial) deja tras la ocupación militar un vacío constitucional de un tipo muy distinto al antes mencionado. En los casos en los que el gobierno simplemente colapsa, es este mismo vacío de poder el que llama a los distintos grupos de interés y presión a ocuparlo, ya sea por medios democráticos o mediante una revolución violenta. Para un enemigo agresor externo, sin embargo, proporciona los mecanismos de control y agresión política desde los que dominar a los vencidos. La privatización del gasto y la división de los tres poderes del Estado en unidades separadas pero dependientes entre sí (lo que viene garantizado por la no autosuficiencia de los medios de producción), no sólo protege frente a los gastos excesivos de toda iniciación de hostilidades, sino que también nos escuda ante la posible agresión exterior de una manera mucho más rentable y efectiva. Y que estas unidades son separadas pero dependientes implica a su vez que habrán de satisfacer mucho mejor al consumidor, que es el único que tiene derecho a legislar en sus dominios alodiales sin intromisión alguna. O, por lo menos, no por esa misma agencia o institución encargada de proteger estos mismos derechos, lo que para una mente sana es una contradicción en los términos.

La Gitana y el Niño Drogado

El Austroliberal, Birmingham 23 de Abril de 2014, por Jorge A. Soler Sanz

Para todo aquel que viva en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, el fenómeno de la gitana que nos pide "argo pa comé" con el niño en los brazos resulta familiar. ¿Quién, en alguno de sus trayectos en el Metro de Madrid, por ejemplo, no se ha encontrado alguna vez con esta figura pidiendo unos duros para comprar algo que echarle a la boca al hijo? En su rama más sofisticada, el mito dice que la gitana en verdad no es madre del niño, que todo el asunto forma parte de una mafia más amplia que se encarga de alquilar y drogar a estos niños, y que el objetivo fundamental es el de causar pena en el individuo para que éste se desprenda de parte de la calderilla que lleva en el bolsillo. En su vertiente más light el mito popular sólo dice que la gitana tiene hambre, el niño que lleva entre los brazos es su hijo, y que en verdad pide para alimentarlo. El fenómeno resulta interesante de explorar en cada una de estas ramas, tanto si se trata de un mito o algo real, porque pone en evidencia los límites de actuación desde una teoría racional o del derecho, o desde el enfoque de las éticas discursivas y del diálogo.

Muchas de las críticas que se han dirigido contra el enfoque ético y legal de las posturas racionalistas más fuertes apuntan precisamente al tipo de contradicciones aparentes a las que se llega cuando uno sigue estos preceptos siguiendo sólo la cadena de deducciones lógicas que se realiza desde las premisas hasta las conclusiones. Partiendo del axioma de no agresión, es posible llegar a conclusiones tales como la de que dejar morir a un hijo de hambre no constituye crimen alguno (pues no se inicia la agresión contra nadie), que la venta de bebés debería ser algo perfectamente legal, o que la prostitución infantil debe estar consentida si los padres a su vez están de acuerdo. Todos estos resultados sirven de arma arrojadiza por parte de las propuestas sociales de la socialdemocracia para postular el gasto público y conceder una tutela de facto al Estado para que vele por los intereses del menor.

Si nos ponemos en una situación antecedente a la Revolución Industrial, digamos en torno a la alta Edad Media, y donde la pobreza generalizada está a la orden del día, sin embargo, el aspecto temporal, local e ideológico de la propuesta socialdemócrata se cae por su propio peso pues no se sostiene. Qué absurdo hubiera sido que en aquella época, por ejemplo, se hubiera tratado de solucionar el problema del trabajo infantil, tan a la orden del día, imponiendo sanciones económicas a los que realizan estas prácticas o por medio de normativas civiles que lo prohíban. En este contexto particular, postular el gasto público para evitar fenómenos tales como el de la venta de niños o la prostitución infantil al objeto de proteger al menor hubiera sido del todo absurdo y lo lógico es que tales propuestas encontraran bastante oposición entre la población civil contra su implantamiento.

La parte del planteamiento que no parecen querer ver los detractores de una teoría racional del derecho hubiera resultado del todo aparente para todo aquel individuo que hubiera vivido en este contexto y se hubiera tenido que enfrentar a tales normativas, pues ¿a quién se debería adjudicar el cascabel? Hoy día los servicios sociales simplemente se presentarían en casa del niño prostituido o trabajador al objeto de reclamarlo y trasladarlo a un centro de acogida del menor con cargo al erario público, pero en un contexto donde la excepción es la norma, ¿a quién acudir? ¿Quién, en este contexto particular, habría de encargarse de ocuparse y alimentar al menor, alejarlo de las durezas del trabajo y darle unos estudios que le den una mejor oportunidad el día de mañana?

Si trasladamos este problema al día de hoy y nos bajamos al Metro de Madrid al objeto de explorarlo veremos que la solución que propone la socialdemocracia con carga al gasto público tampoco se sostiene hoy día. Según esta postura, lo que se debería hacer en este caso es imponer un impuesto obligatorio a todo el que esté montado en el Metro, o determinar quién es el que tiene mayor poder adquisitivo de todos ellos, y adjudicarle el muerto. En no otra cosa consiste la propuesta que exige la intervención del Estado para solucionar este tipo de conflictos. Además, la postura además es hipócrita y falaz, pues en verdad nunca ocurre que la gitana de turno abandone el vagón de Metro con una fortuna en las manos, sino que parece más bien que a todo el mundo le da igual, es decir, que la estrategia de presentarse ante el otro con el niño en los brazos parece que no tiene mucho efecto.

¿Entonces, si no es por medio de una legislación y el gasto público que se puede solucionar este tipo de problemas, a qué mecanismo podemos recurrir para hacerlo? Aquí la respuesta es muy simple. Primero al ámbito del derecho al objeto de determinar qué o quién pertenece a quién en base a los títulos de propiedad. Luego al mercado que es la única institución capaz de elevar la condición material de vida del individuo por medio de la producción masiva de servicios y productos de consumo. Lo que ha permitido sacar al niño de la fábrica para mandarle a la escuela en su lugar, no ha consistido en ninguna normativa, sino en el hecho de que el individuo es ahora más pudiente y puede prescindir de ello. El fenómeno laboral infantil de hecho todavía no ha conseguido erradicarse, pese a todas las normativas, en los países más pobres del globo, y cuando se ha hecho, se ha observado un incremento en el polo opuesto de la prostitución infantil. Es decir, que la causa que impulsa estos fenómenos, no reside en la ausencia de ninguna normativa, sino en las condiciones materiales en que viven los individuos. O expresado de otro modo, que existe una relación causal entre el poder adquisitivo de una persona y el fenómeno del trabajo infantil.

Lo que hace tan aberrante este fenómeno ante los ojos del individuo hoy día no reside en ningún principio formal del derecho, sino que más bien ello depende del cristal cultural en función del cual se perciba el mismo. Y, sin embargo, no es tarea de la praxeología la de realizar una hermenéutica de este texto social al objeto de determinar el sentido oculto del mismo, sino que esa tarea depende de otras ramas del saber, como por ejemplo, la filosofía política, la psicología o el arte. Lo que nos interesa desde el punto de vista de una teoría racional del derecho, no es explicar estos localismos, sino determinar un tipo de regla que sea capaz de aplicarse a todo contexto. La razón fundamental de que hayamos adoptado un enfoque racional y apriorístico en este medio reside precisamente en el hecho de que la determinación de verdad de un enunciado analítico no dependa de valorar contexto alguno, que es lo mismo que decir que un enunciado de este tipo es compatible con cualquier tipo de hechos u orden del mundo. Desde un enfoque racional y analítico, la experiencia no puede confirmar ni refutar nada, pues decimos que estos son compatibles con cualquier orden de cosas.

¿Entonces qué, dejamos con ello morir al niño de la gitana de hambre pasando página al asunto? Por supuesto que no. En realidad, la única diferencia entre esta postura y la de la socialdemocracia reside en si se postula o no como solución el gasto público. En lugar de adjudicar la tarea de alimentar al bebé al otro (por medio del gasto público), se trata de que cada cual como individuo comience a asumir esta su responsabilidad y dedique parte de sus fondos a instituciones de tipo privado que tengan como objetivo entre sus estatutos el de solucionar este tipo de problemas. Además, siempre y cuando exista gasto público para solucionar cosas como el desempleo, la protección al menor, la pobreza, etc., la pauta no desparece, sino que se fortalece, e incluso enquista, en lo social. Es así que hemos llegado a una situación dónde, en función de cuál sea la situación, resulta más rentable quedarse en casa que trabajar, o ser pobre a tener algo ahorrado. O expresado de otro modo, que si la gitana aparece en el vagón de metro es porque hay una demanda social que financia este tipo de fenómenos. Es obvio que ante la indiferencia generalizada, la gitana de turno no tendría otra alternativa para recibir fondos que persiguiendo otros medios (lo que no implica necesariamente que se tenga o vaya a hacer por medio del trabajo asalariado).

Vivimos en una sociedad donde hay madres que deciden tener hijos sólo por el tipo de beneficios fiscales o redistributivos que se reciben sin más consideración que esta, pero luego no extrañamos ante tales fenómenos. Toda forma de vida social, enajenada o no, depende de unos ingresos, y el éxito o no de una empresa de negocios se determina en el mercado en función de la demanda. Y para lo que no hay demanda, no hay producción. Si en verdad se quiere solucionar el problema de la gitana y el niño que nos presenta entre los brazos, como el resto de los casos, la razón nos exige que postulemos menos gasto público, y no más. Erradicar este tipo de fenómenos sólo es posible mediante el gasto privado porque, como los recursos son escasos, lo lógico es pensar que los individuos sólo destinen fondos de su propio bolsillo para solucionar los casos que si son verdaderos y que requieran más atención.

Hay veces que la pobreza se enquista en lo social precisamente por el tipo de normativas que se instauran para combatirle. En otros tiempos, no era infrecuente que las clases más pudientes ofrecieran trabajo de servicio doméstico a los hijos e hijas de las más pobres, a veces, sólo a cambio de ropa y cobijo. Lo normal era que este tipo de acuerdos se acordaran directamente con los padres, que cedían a uno de sus hijos a la familia contratante como empleada doméstica o niñera. Este tipo de acuerdos era beneficioso para todas las partes por las condiciones de pobreza previa, el alivio de la carga parental que nos exige alimentar a nuestros hijos y la mejora generalizada de las condiciones de vida de las partes que intervenían en el acuerdo. Para la familia más pobre este acuerdo implicaba unos mayores ingresos, la seguridad de saber que uno de nuestros hijos está siendo bien cuidado y la posibilidad de que estos pudieran recibir una educación o destreza que les ayude en el futuro a garantizar para si unos ingresos (por no hablar de la posibilidad de incluso hasta casarles). Para la familia más rica, por otro lado, el beneficio consistía en poder disponer de una doncella en casa que liberaba las tareas de todos y cuyo gasto, en términos marginales, era más bien bajo. La normativa laboral existente hoy día ha hecho en parte que percibamos estos casos como aberrantes, por serviles, pero eso no siempre ha sido así. Por otro lado, la normativa laboral vigente hace que este tipo de acuerdos no sean posibles, pues el cumplimiento de determinados requisitos (digamos por ejemplo un contrato permanente, seguridad social, derechos laborales, etc.) los hace indeseables o poco atractivos para algunas familias. Y ello implica que las necesidades de ambas partes quedarán desatendidas. Para la familia más pobre esto se traduce en la perpetuación de la pobreza mientras que para la más pudiente la imposibilidad de liberar tiempo en casa por medio de una doncella.

Aunque pueda parecer contraintuitivo, este tipo de problemas se soluciona postulando menos intervención y más mercado. Es cierto que la pobreza pone a unos individuos a merced de otros, pero al prohibir determinado tipo de acuerdos estos se vuelven incluso más vulnerables que antes, pues allí donde por lo menos antes disponían de la posibilidad de adoptar una solución provisional a sus problemas (sirviendo a otro ser humano), ahora ya no la tienen quedando así a merced de la pobreza. Por más repugnante que nos pueda parecer, un acuerdo voluntario entre el pobre y el rico es un acuerdo legítimo, pues allí donde ambas partes están libremente de acuerdo con el mismo, terceras partidas no tienen nada que decir. El paro involuntario consiste precisamente en esto. Dos partes quieren colaborar en algo, pero una tercera partida interviene diciendo que el tal acuerdo no es posible. Que uno esté parado de forma involuntaria no quiere decir que éste no encuentre trabajo de lo suyo en el mercado laboral, sino que una tercera partida se lo impida.

¿Es un crimen el aborto?

El Austroliberal, Birmingham 12 de Abril de 2014, por Jorge A. Soler Sanz.

El tema de la justicia, y de la relación que ésta debe mantener con los más desprotegidos, quizá sea el tema más candente sobre el tapete de la discusión liberal, lo que en ocasiones acaba separando a los de un signo y enfrentándoles a los del otro. A muchos austroliberales este tema también les hace huir y abandonar una postura praxeológica estricta, pues esto les parece más oportuno que aceptar sin rechistar este resultado al que nos obliga la lógica. Personalmente, hemos podido comprobar, en contadas ocasiones, como del entusiasmo se pasa a la duda, y de ésta al abandono de la postura y el consiguiente olvido. Muchos minarquistas liberales han preferido adoptar este enfoque precisamente por este resultado y no por otros motivos. Y, normalmente, se nos puede distinguir a unos y a otros en función de la actitud que tenemos de forma individual respecto al gasto público, es decir, si a favor o en contra.

De manera muy breve, aquí bien pude decirse que muchos liberales confunden la crítica moral con la crítica ética. Lo normal, desde un punto de vista del derecho, no es que estas consideraciones en abstracto tomen las riendas en lo social y se establezcan como práctica jurídica, pues los sistemas legales de cada sociedad suelen ordenarse en función del conjunto de normas consuetudinarias que dan forma a cada una de las tradiciones del derecho. Es decir, que resulta del todo posible postular un sistema legal en abstracto que sirva para todo lugar y cultura permitiendo al mismo tiempo que cada una de las mismas haga diferenciación respecto del axioma de no agresión adaptándolo a sus propias peculiaridades idiosincráticas.

La razón de que este autor haya adoptado un enfoque praxeológico fuerte no se debe a nuestra maldad innata, sino que se debe al hecho de que cada cultura o cosmovisión particular del mundo parta de una idea distinta en relación a la dignidad y la serie de atributos que le da al hombre y la ciencia no puede depender de opiniones o supuestos. Mientras que para algunos el hombre tiene derecho a la vida por su mera condición de hombre, otros le atribuyen derechos desde el preciso momento de nacer, otros desde antes ya de su nacimiento, o se dice que el hombre tiene derechos por ser racional, o por poseer una alma inmortal, o por su mera condición de hombre, o porque éste posee sentimientos, etc. Es decir, que todo sistema moral, sea éste del signo que sea, parte de supuestos no demostrados en función de la idea que se tenga de "hombre," y es desde este horizonte que cada cultura ve nacer un sistema legal adaptado a sus necesidades. 

En cuanto a la reflexión ética, sin embargo, y sobre todo si nos interesa la praxeología, resulta del todo insatisfactorio partir de una hipótesis (como la de que el hombre tiene derecho a la vida por su mera condición de hombre) a la hora de sentar las bases metodológicas sobre un sistema legal y sus principios. Mientras que el enfoque de la moral es convencional, aunque no necesariamente arbitrario, el enfoque de la ética debe de ser normativo; y ello, si una de las pretensiones que se dice que se tiene es la de superar toda cultura o localismo.

Que no se entiende bien lo que debe pertenecer a un ámbito (moral) y lo que debe de pertenecer al otro (ética) es lo que hace que muchos liberales acaben postulando una u otra forma de gasto público, cosa ésta que tampoco nos debe extrañar (la tendencia es a que lo local tome preeminencia sobre lo abstracto y normativo, que siempre ejerce una función latente de guía). Y sin embargo, la elegancia metodológica nos exige por su parte (o al menos en el ámbito de la ciencia) el abandonar los supuestos o hipótesis ad hoc, pues las razones que se dan no son "metodológicas" sino "sentimentales." Muchos liberales han acabado conformándose con una idea edulcorada del axioma de no agresión precisamente al objeto de quitarle eso que muchos consideran su punzón venenoso. O por expresarlo de otra manera, para hacerlo más palatable y políticamente correcto (que es lo mismo que decir "adaptarlo a las necesidades y cosmovisión de fondo del paradigma socialdemocráta). 

En verdad no existe otra razón para la repulsión y rechazo que causa el axioma de no agresión en lo tocante al trato del menor y los más desfavorecidos. Las personas se dan en un mundo cultural o de la vida, y ello hace que sea tan difícil la tarea de abstracción para el individuo en relación con su significancia en el particularismo local en el que habita. O expresado de otra manera, algo que no sea capaz de pasar por el filtro socialdemocráta adaptándose a su cosmovisión de fondo nunca podrá darse como propuesta en lo social en una campaña política.

¿Debe el Estado otorgar privilegios y poderes especiales a la empresa privada?

El Austroliberal, Birmingham 11 de Marzo de 2014, por Jorge A. Soler Sanz

La corrupción implícita de algunas leyes y estatutos queda expuesta en la forma de operar exigida por la norma que obliga a su cumplimento. Pongamos como ejemplo para el caso la forma de cesión de licencias de televisión en el Reino Unido y contrastemos este hecho con la idea de "libertad de información y prensa." Al comienzo de la década de los 60 la BBC empezó a retrasmitir anuncios propagandísticos por televisión que mostraban unas camionetas fantasma equipadas con aparatos de detección de radio que a la sazón se dedicaban a espiar en los hogares ingleses poniendo en evidencia aquellos morosos que evitaban pagar por este tipo de licencia a pesar de tener un televisor en uso en casa. Los lemas más escuchados parece que todavía resuenan entre nosotros (if you don´t pay, we pay you) y su propósito no era otro que el de infundir miedo en la población al objeto de que ésta colaborara con los inspectores y recaudadores delegados de estas tarifas que se dedicaban, y se dedican, a obtener la requerida evidencia para poder procesar al individuo en caso de impago. Es decir, que las tales camionetas fantasma con equipo detector siempre fueron un mito propagado por la BBC para infundir cierta neurosis o paranoia entre los usuarios ilegales del servicio de televisión. En verdad, sólo existen dos modos para probar que uno ve la televisión en casa sin licencia. En el primer caso se trata de que uno mismo lo admita, bien mediante declaración escrita, o bien de forma oral ante el inspector que nos hace la visita. En el segundo caso, sin embargo, se requiere, la entrada en el domicilio sospechoso para certificar que eso es así. En verdad nunca existieron esos detectores de radio misteriosos de los que tanto presumía, y presume, la BBC haciéndose gala de ellos.

Pero lo perverso de esta situación no se revela en toda su dimensión hasta que uno no estudia los mecanismos legales de que disponen los inspectores de televisión para recolectar evidencias. El acta de ley que dota de la provisión legal para entrar en el domicilio otorgando así poderes especiales de actuación es la Communications Act 2003 (Acta de Retrasmisiones de Radio y Televisión de 2003). En el apartado (1) sección 366 de la citada acta se dice que "si un un juez de paz, sheriff en Escocia o magistrado civil en Irlanda del Norte tuviera razones para creer, a partir de una declaración jurada, que existen razones de peso para pensar que:

(a) Se haya cometido o se esté cometiendo un delito bajo la sección 363

éste podrá ordenar una orden de registro," pero ocurre precisamente que la orden de registro se otorga por ser ésta la única manera de obtener la requerida evidencia para poder procesar al evasor. Es decir, que si esto es así, tras entrar en el domicilio la tarea del inspector debería ser la de mostrar de forma sumarial al agente de policía que le acompaña que sus sospechas eran ciertas en lugar de inspeccionar los aparatos de televisión y radio para determinar si en verdad se ha cometido ofensa o falta alguna. Como los poderes otorgados por este tipo de órdenes de registro "(5) sólo son ejecutables en relación con el incumplimiento o sospecha de incumplimiento de los requisitos legales de licencia para los receptores de televisión," (5 366 Communications Act 2003), la entrada en el domicilio debería ser sumarial, y no lo es. Lo que los inspectores hacen en este caso es tratar de determinar si uno recibe o no programas de televisión o radio en directo, lo que implica que el juez de paz no actuó de buena fe a la hora de firmarla.

La ley es muy específica en esto, y la capacidad para recibir señales de radio no implica que en verdad uno lo esté haciendo incumpliendo así la normativa. La licencia de televisión sólo se requiere en el Reino Unido, no para ver programas en diferido (televisión a la carta), o programas o canales de la red, como YouTube, Netflix o Lovefilm, sino para ver programas retrasmitidos en directo que lleguen por antena. Tener una televisión o un ordenador en casa, por ejemplo, es perfectamente legal sin licencia siempre y cuando uno no los conecte a la antena o entrada de señal de televisión en directo. Luego, sin equipo de recepción de señales, y sin una declaración formal, y sobre todo, ante la imposibilidad de entrar en el domicilio de otro modo, ¿a qué tipo de evidencia o razones de peso podrían referirse las provisiones del apartado 1 citadas más arriba que le permiten al juez de paz otorgar poderes especiales a tales individuos para entrar en el domicilio? Por otro lado, se trata éste de un problema civil, no penal, lo que pone en entredicho la constitucionalidad de la orden de registro en sí. Primero ocurre que el inspector carece de razones de peso para determinar la comisión de un delito flagrante (acordémonos aquí de la famosa Ley Corcuera y la patada en la puerta), pero incluso en el caso de que ello se pudiera probar, el hecho de que se trate aquí de una disputa civil pone en entredicho la constitucionalidad de la entrada forzada en el domicilio.

Pero lo doloroso del asunto, no reside ya tanto en la inconstitucionalidad de requerir que el ciudadano declare contra sí mismo (según el punto (8) apartado (b) de la sección 366 constituye un delito o falta el no colaborar de forma activa con el inspector en el cumplimiento de sus funciones sin causa justificada, que no es otro que el de recolectar pruebas contra el inquilino, lo cual es incompatible con la presunción de delito inicial que justifica la orden de registro), sino en el hecho de que le obliguen a uno a pagar por la información que se recibe y en la forma en que ésta está siendo transmitida. Es obvio que si a mí no me gusta un periódico puedo dejar de comprarlo y subscribirme a otro, ¿pero cómo anula uno su subscripción en un sistema de pagos como este? Todo esto implica que uno, no sólo tiene la obligación de aceptar lo dicho por el emisor del mensaje sin rechistar, sino además de financiarle pese a ello, que es de lo más triste.

Si los problemas relativos a la presunción de inocencia y la falta de constitucionalidad de un acta que requiere de los individuos declarar contra sí mismos todavía no han convencido al lector, que se plantee éste por otro lado el tema pendiente de investigación y la tarea de financiar una empresa de dudosa reputación que no se sabe muy bien qué hace con sus fondos (caso Saville y la acusación por parte de los afectados de encubrimiento, banda criminal organizada de perversión del menor y complot contra la sociedad civil). No es sólo tarea del anarquista declarado oponerse de forma activa a este tipo de normas por fidelidad a sus principios, sino de todo individuo de bien que pueda creer o no en la política. En verdad puede decirse aquí, sin temor a equivocarse, que la BCC constituye una banda de extorsión criminal que además ha sido dotada de privilegios y poderes especiales por la rama legislativa del gobierno (las famosas dietas, malditas dietas). Es por estas y otras razones que podemos asegurarle al lector que el presente autor jamás ha pagado licencia de televisión alguna, y que tampoco tiene intención de hacerlo. Este tipo de insumisión no representa deshonra alguna (un mito sin duda infundido por la camioneta fantasma), sino un deber de todo individuo de bien que actúe en base a principios.