El Austroliberal, Birmingham 11 de Marzo de 2014, por
Jorge A. Soler Sanz
La corrupción implícita de algunas leyes y estatutos
queda expuesta en la forma de operar exigida por la norma que obliga a su cumplimento.
Pongamos como ejemplo para el caso la forma de cesión de licencias de
televisión en el Reino Unido y contrastemos este hecho con la idea de
"libertad de información y prensa." Al comienzo de la década de los
60 la BBC empezó a retrasmitir anuncios propagandísticos por televisión que
mostraban unas camionetas fantasma equipadas con aparatos de detección de radio
que a la sazón se dedicaban a espiar en los hogares ingleses poniendo en
evidencia aquellos morosos que evitaban pagar por este tipo de licencia a pesar
de tener un televisor en uso en casa. Los lemas más escuchados parece que
todavía resuenan entre nosotros (if you don´t pay, we pay you) y su propósito
no era otro que el de infundir miedo en la población al objeto de que ésta
colaborara con los inspectores y recaudadores delegados de estas tarifas que se
dedicaban, y se dedican, a obtener la requerida evidencia para poder procesar
al individuo en caso de impago. Es decir, que las tales camionetas fantasma con
equipo detector siempre fueron un mito propagado por la BBC para infundir
cierta neurosis o paranoia entre los usuarios ilegales del servicio de
televisión. En verdad, sólo existen dos modos para probar que uno ve la
televisión en casa sin licencia. En el primer caso se trata de que uno mismo lo
admita, bien mediante declaración escrita, o bien de forma oral ante el
inspector que nos hace la visita. En el segundo caso, sin embargo, se requiere, la entrada en el domicilio sospechoso para certificar que eso es así. En verdad nunca existieron esos detectores de radio misteriosos de los que tanto presumía, y presume, la BBC haciéndose gala de ellos.
Pero lo perverso de esta situación no se revela en toda
su dimensión hasta que uno no estudia los mecanismos legales de que disponen
los inspectores de televisión para recolectar evidencias. El acta de ley que
dota de la provisión legal para entrar en el domicilio otorgando así poderes
especiales de actuación es la Communications Act 2003 (Acta de Retrasmisiones
de Radio y Televisión de 2003). En el apartado (1) sección 366 de la citada
acta se dice que "si un un juez de paz, sheriff en Escocia o magistrado
civil en Irlanda del Norte tuviera razones para creer, a partir de una
declaración jurada, que existen razones de peso para pensar que:
(a) Se haya cometido o se esté cometiendo un delito bajo la sección 363
éste podrá ordenar una orden de registro," pero
ocurre precisamente que la orden de registro se otorga por ser ésta la única
manera de obtener la requerida evidencia para poder procesar al evasor. Es decir, que si esto es así, tras entrar en
el domicilio la tarea del inspector debería ser la de mostrar de forma sumarial al agente de
policía que le acompaña que sus sospechas eran ciertas en lugar de inspeccionar
los aparatos de televisión y radio para determinar si en verdad se ha cometido
ofensa o falta alguna. Como los poderes otorgados por este tipo de órdenes de
registro "(5) sólo son ejecutables en relación con el incumplimiento o
sospecha de incumplimiento de los requisitos legales de licencia para los
receptores de televisión," (5 366 Communications Act 2003), la entrada en
el domicilio debería ser sumarial, y no lo es. Lo que los inspectores hacen en
este caso es tratar de determinar si uno recibe o no programas de televisión o
radio en directo, lo que implica que el juez de paz no actuó de buena fe a la
hora de firmarla.
La ley es muy específica en esto, y la capacidad para
recibir señales de radio no implica que en verdad uno lo esté haciendo
incumpliendo así la normativa. La licencia de televisión sólo se requiere en el
Reino Unido, no para ver programas en diferido (televisión a la carta), o
programas o canales de la red, como YouTube, Netflix o Lovefilm, sino para ver
programas retrasmitidos en directo que lleguen por antena. Tener una televisión
o un ordenador en casa, por ejemplo, es perfectamente legal sin licencia siempre
y cuando uno no los conecte a la antena o entrada de señal de televisión en
directo. Luego, sin equipo de recepción de señales, y sin una declaración
formal, y sobre todo, ante la imposibilidad de entrar en el domicilio de otro
modo, ¿a qué tipo de evidencia o razones de peso podrían referirse las
provisiones del apartado 1 citadas más arriba que le permiten al juez de paz otorgar
poderes especiales a tales individuos para entrar en el domicilio? Por otro
lado, se trata éste de un problema civil, no penal, lo que pone en entredicho
la constitucionalidad de la orden de registro en sí. Primero ocurre que el
inspector carece de razones de peso para determinar la comisión de un delito
flagrante (acordémonos aquí de la famosa Ley Corcuera y la patada en la
puerta), pero incluso en el caso de que ello se pudiera probar, el hecho de que se trate aquí de una disputa civil pone en entredicho la
constitucionalidad de la entrada forzada en el domicilio.
Pero lo doloroso del asunto, no reside ya tanto en la
inconstitucionalidad de requerir que el ciudadano declare contra sí mismo
(según el punto (8) apartado (b) de la sección 366 constituye un delito o falta
el no colaborar de forma activa con el inspector en el cumplimiento de sus
funciones sin causa justificada, que no es otro que el de recolectar pruebas
contra el inquilino, lo cual es incompatible con la presunción de delito inicial que justifica la orden de registro), sino en el hecho de que le obliguen a uno a pagar por la
información que se recibe y en la forma en que ésta está siendo transmitida. Es
obvio que si a mí no me gusta un periódico puedo dejar de comprarlo y
subscribirme a otro, ¿pero cómo anula uno su subscripción en un sistema de
pagos como este? Todo esto implica que uno, no sólo tiene la obligación de
aceptar lo dicho por el emisor del mensaje sin rechistar, sino además de
financiarle pese a ello, que es de lo más triste.
Si los problemas relativos a la presunción de inocencia y
la falta de constitucionalidad de un acta que requiere de los individuos
declarar contra sí mismos todavía no han convencido al lector, que se plantee
éste por otro lado el tema pendiente de investigación y la tarea de financiar
una empresa de dudosa reputación que no se sabe muy bien qué hace con sus
fondos (caso Saville y la acusación por parte de los afectados de
encubrimiento, banda criminal organizada de perversión del menor y complot
contra la sociedad civil). No es sólo tarea del anarquista declarado oponerse
de forma activa a este tipo de normas por fidelidad a sus principios, sino de
todo individuo de bien que pueda creer o no en la política. En verdad puede
decirse aquí, sin temor a equivocarse, que la BCC constituye una banda de
extorsión criminal que además ha sido dotada de privilegios y poderes especiales
por la rama legislativa del gobierno (las famosas dietas, malditas dietas). Es
por estas y otras razones que podemos asegurarle al lector que el presente
autor jamás ha pagado licencia de televisión alguna, y que tampoco tiene
intención de hacerlo. Este tipo de insumisión no representa deshonra alguna (un
mito sin duda infundido por la camioneta fantasma), sino un deber de todo
individuo de bien que actúe en base a principios.
