La Financiación Privada del Ejército

El Austroliberal, Birmingham 1 de Mayo de 2014, por Jorge A. Soler Sanz

La idea de que uno sólo puede defenderse de la agresión militar externa disponiendo de fondos ilimitados es del todo irracional y fuertemente hipotética. Mientras que la iniciación de la violencia si parece requerir de fondos infinitos, la estructuración de la defensa sólo requiere de fondos suficientes, en tiempos de paz, y necesarios, en tiempos de guerra. Los argumentos encaminados a señalar que habría un subóptimo de consumo en caso de que la financiación del ejército fuera privada se olvidan del hecho de que el proceso de guerra afecta también al mecanismo de precios, el crédito y los procesos de mercado en general. El argumento a favor de la financiación privada de del ejército es uno racional de consumo que dispone de flujos de capital variable en tiempos de paz pero constante en tiempos de guerra. Cuando el peligro de agresión es inminente, el modelo predice procesos inflacionarios en la industria armamentística y la subida general de los precios debido al mayor gasto. En tiempos de paz, sin embargo, la tendencia sería más bien deflacionaria, lo que por turno nos permite en esta situación destinar esos fondos ociosos a la financiación de otros proyectos imposibles de financiar en tiempos de guerra. Esto, por su parte, libera también el mercado a las familias menos pudientes que podrán comprar seguridad o armamento a precios reducidos.

La propuesta o modelo social que propone el anarquismo racionalista y de libre mercado ha sido generalmente malinterpretada, pues este enfoque no prescinde de la función de gobierno, tal y como se hace pensar, sino sólo de la función de estado (por su carácter no normativo y convencional). En una sociedad donde los tres poderes, que de forma tradicional han estado concentrados en manos del estado a través de las instituciones de gobierno, justicia y parlamentarias, se hallan convenientemente separados, resulta extremadamente difícil de someter por medios militares precisamente por el tipo de vacío constitucional que el modelo deja tras de sí. En una sociedad donde el individuo posee la capacidad legislativa, que emana directamente de sus derechos de propiedad, el gobierno dispone de la judicial (en su capacidad mediadora y de arbitraje) y las aseguradoras del poder ejecutivo (enforcement), no existe institución alguna que permita la concentración del poder político del agresor tras su ocupación inicial. Que existe este vacío constitucional implica que, para un agresor formado en el gasto público, incluso si tuviera algún éxito inicial en sus operaciones militares, no podría sin embargo someter a una sociedad así estructurada más que través de una guerra constante de sangrado contra sus propios ciudadanos por medio de los impuestos.

Si la sociedad actual es capaz de defenderse bien por medio del gasto público, lo que implica externalizar costes, ésta podrá hacer lo mismo de forma mucho más eficiente a través de aseguradoras privadas que sólo destinarán fondos a la compra de material armamentístico y el mantenimiento de fuerzas operativas de combate en función de la demanda social que exista para tales servicios. Además, como sólo los individuos tienen el poder de legislar, la mejor entidad para representar sus intereses son precisamente las aseguradoras (que en este esquema representan el aparato ejecutivo de la ley). Primero porque pueden pedir reparaciones en caso de agresión o incumplimiento, y esto promueve una situación de "enforcement" donde se acatan las leyes para no incurrir en gastos. En segundo lugar porque el gasto público introduce el incentivo perverso de externalizar la agresión en el contribuyente, lo que, por turno, atenta contra el derecho de propiedad de los mismos. Es decir, que el gasto público abarata la agresión al obligar al contribuyente a pagar por los costes externos a los que se incurre para poder iniciarla. Las aseguradoras, en este sentido, en tanto que brazo ejecutivo de la ley, y al depender de un capital privado, habrían de introducir un efecto calmante en la población en su conjunto que, no cabe duda, habrá de querer reducir gastos superfluos debido al alto coste de la guerra. O expresado de otro modo, que la financiación privada del ejército no recorta capital a los intereses de defensa de una sociedad, sino sólo a sus intereses expansionistas.

Además, una sociedad que tiene concentrados los tres poderes en una sola institución (legislativo, ejecutivo y judicial) deja tras la ocupación militar un vacío constitucional de un tipo muy distinto al antes mencionado. En los casos en los que el gobierno simplemente colapsa, es este mismo vacío de poder el que llama a los distintos grupos de interés y presión a ocuparlo, ya sea por medios democráticos o mediante una revolución violenta. Para un enemigo agresor externo, sin embargo, proporciona los mecanismos de control y agresión política desde los que dominar a los vencidos. La privatización del gasto y la división de los tres poderes del Estado en unidades separadas pero dependientes entre sí (lo que viene garantizado por la no autosuficiencia de los medios de producción), no sólo protege frente a los gastos excesivos de toda iniciación de hostilidades, sino que también nos escuda ante la posible agresión exterior de una manera mucho más rentable y efectiva. Y que estas unidades son separadas pero dependientes implica a su vez que habrán de satisfacer mucho mejor al consumidor, que es el único que tiene derecho a legislar en sus dominios alodiales sin intromisión alguna. O, por lo menos, no por esa misma agencia o institución encargada de proteger estos mismos derechos, lo que para una mente sana es una contradicción en los términos.