El Austroliberal,
Birmingham 4 de Septiembre de 2014, por Jorge A. Soler Sanz
Normalmente, la
izquierda suele decir que los impuestos no son un robo porque tampoco se quitan
sin dar algo a cambio, sino que el Estado siempre devuelve algo al
contribuyente en forma de bienes y servicios. La izquierda también suele decir
que si se debe querer tener una televisión pública, o para el caso, cualquier
espacio púbico en general, es porque lo privado tiende a formar nichos, y ello
no representa a esa parte de la población excluida. Como hoy día vivimos en una sociedad plural,
multicultural y diversa, se dice, los lugares públicos deberían poder reflejar
esta realidad creando espacios para todos. El problema que se nos plantea, sin
embargo, es si se debe permitir en este orden de cosas discursos que atenten o
subviertan la idea misma de lo público, que aboguen por la violencia, o que
sean contrarias a la idea de sociedad misma o del buen vivir.
Es desde este
horizonte de cosas que UGT pidió el otro día que se excluyera al profesor Juan
Ramón Rallo de la televisión pública. El sindicato del trabajador argumentaba
diciendo que la televisión pública es de todos, y que no se deben permitir en
la misma esos discursos que pretenden subvertir la razón misma de su existencia.
Si el profesor Rallo está en contra de lo público, entonces no parece muy
coherente que éste se quiera servir de lo público para promover sus intereses
(privados). ¿De qué manera tiene sentido dotar de un espacio de opinión en la
televisión pública a ese que la quiere cerrar?
Hasta aquí todo
muy coherente, pero detengámonos un momento a pensar con un mínimo de
detenimiento estas razones esgrimidas. Lo que se halla implícito en este tipo
de argumento es la idea, no razonada, de que se debe querer obligar a alguien a
financiar algo, pero para luego excluirle de su uso. Es
decir, se dice que el profesor Rallo tiene la obligación de financiar la televisión
pública con el dinero de los impuestos, pues se trata de un espacio para todos,
pero sin derecho de uso. Si aquí tenemos en cuenta que robar es quitar sin dar
nada a cambio, lo que aquí se propone es un robo en toda regla. ¿Qué sentido
lógico tiene proponer, por ejemplo, que los parques sean financiados con dinero
público, pero para luego excluir a continuación al homosexual u otras minorías
de su uso?¿Primero, con qué autoridad se quita, y después, con cuál se excluye?
Tiene que verse
claro aquí que, bajo la pretensión de equidad y de crear un espacio público que
nos represente a todos, la opinión implícita de UGT es la de crear un nicho de
opinión que represente a las minorías menos pudientes con dinero público. Una
de las consecuencias negativas de obligar al nazi, el terrorista, el fundamentalista,
etc., a financiar los espacios públicos es la de luego tener que aceptarles en
esos mismos espacios. Y este tipo de problemas se solucionan privatizando. Mientras
que, por una lado, una cadena pública como la BBC, que ha introducido formas de financiación semi-privadas, tendría todo el derecho del
mundo a excluir del uso a este tipo de personas o perfiles sociales, la TVE carecería de legitimidad para hacer lo mismo. La razón de ello es que el sistema de impuestos para
financiar la televisión en el RU es voluntario, mientras que en España no lo
es. En el RU se dispone de un sistema de licencias para ver la televisión
pública y lo cierto es que a nadie se le obliga a financiarla. Y lo lógico es que
si uno quiere excluir a alguien del uso de algo, también se deba querer excluir
de la financiación.
Creo horadamente
que este problema pone el dedo en una llaga profunda que no sólo afecta a la
forma de financiación pública de la televisión privada y de la que muchos no
parecen ser muy conscientes. Así está por ejemplo el director de empresas
públicas que impone un sistema de etiqueta en el trabajo, la universidad
pública que excluye a determinadas minorías o la vivienda social que prohíbe la
tenencia de mascotas. Lo que tienen en común todos estos casos es exigir que el
individuo financie algo, pero para luego determinar de forma extrínseca lo que
es un uso correcto e incorrecto de la cosa, que es algo que sólo los
propietarios privados tienen derecho a realizar. El problema aquí no reside en
ser gregario o sectario, sino en querer serlo con cargo a las arcas públicas.
Que una cadena privada tenga derecho a ser sectaria y excluyente no quiere
decir que nosotros podamos hacer lo mismo con dinero ajeno, y una cadena que se
financia con dinero público no puede representar ningún tipo de opinión, sino
la de todos, por más aberrantes, ruines y mezquinas que algunas de estas opiniones nos puedan
parecer.
Ahora bien, que
UGT sea irracional e ilógica en sus deseos no responde a la pregunta de si el
profesor Rallo está siendo coherente o no al usar lo público como medio para
difundir sus ideas contrarias a lo público. Sin embargo, cuando a uno le está
robando para financiar algo que detesta, lo más lógico es dirigirse al agresor y
decirle que uno no está de acuerdo con el expolio. Si privatizar implica
financiar sin servirse del dinero de los impuestos, para alguien que deteste
toda forma de financiación no voluntaria sería perfectamente coherente servirse de medios
público para hacer llegar la idea de que uno mismo no aprecia el ser robado. Lo
que UGT parece querer aquí es que el individuo quiera ser robado, pero eso es
una contradicción, pues el robo ya implica de por sí que eso que se sustrae se
hace forma involuntaria. Lo único que está haciendo el profesor Rallo por medio
de su teoría económica es explicar al ciudadano español por qué robar está mal,
que en última instancia parece ser lo que UGT no puede tolerar.
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